Después de dos años de estudios y negociaciones con Organizaciones Laborales
bajo asistencia de expertos internacionales, se estructuraron los negocios
portuarios necesarios para fomentar la participación del Sector Privado, en el
margen de una concesión de 20 años de la siguiente manera:
-
Concesión de Obra Pública con
Servicio Público (Construcción y Operación) de una terminal especializada para
el manejo de granos y graneles secos, así como de una terminal especializada en
el trasiego de atún.
-
Mediante la modalidad de la gestión de servicios públicos se llamó a concurso
licitatorio para el manejo de los servicios portuarios en las terminales de
Puntarenas (atención a cruceros) y Caldera (carga general y contenedores), como
de los servicios de remolcadores para toda la vertiente.
Sus
objetivos eran los siguientes:
·
Terminal de Caldera:
El fin es lograr un sensible aumento de la eficiencia de las operaciones
reduciendo sus costos.
·
Terminal de Puntarenas:
Su objetivo es superar la calidad del servicio de atención a buques de
pasajeros, elevando los estándares de turismo que ofrece Costa Rica.
·
Servicio de Remolcadores:
La meta es lograr una mejora de los servicios para toda la vertiente,
acompañada por una reducción de los costos inherentes a la actividad y con ello
a una reducción de tarifas.
·
Terminal Granelera:
Busca incrementar el rendimiento en el manejo de graneles sólidos, a
costos razonables y menores que los actuales.
·
Terminal Atunera:
Pretende dotar a Caldera de una infraestructura portuaria moderna en el
tráfico de pescado.
El 30 de agosto del 2001 se recibieron ofertas de empresas nacionales e
internacionales respondiendo a los respectivos concursos. Para la terminal
granelera, la gestión de servicios públicos de remolcadores y de manejo de
carga en Caldera se recibieron propuestas, mientras que las invitaciones para
la construcción y operación de la terminal atunera, como para la gestión de los
servicios portuarios en Puntarenas, no encontraron eco en esta primera
iniciativa de concesión. Sin embargo, el gobierno estudia diferentes opciones
para dar en gestión también estas unidades de negocio, sea a través de un nuevo
llamado, sea mediante la contratación de servicios conforme a las modalidades
previstas por la legislación costarricense en la materia.
El
23 de enero del 2002 se publicó, en el diario oficial
La Gaceta, la
adjudicación de
la
Concesión
de Obra Pública con Servicio Público de
la Terminal
Granelera
de Puerto Caldera, al “Consorcio Portuario Caldera I”.
Por
otra parte, el 15 de marzo del 2002 se publicó la readjudicación de
la Concesión
de Gestión de Servicios Públicos de Remolcadores, a Sudamericana
Agencias Aéreas y Marítimas S.A. (SAAM)
Asimismo,
el 27 de mayo del 2002 se publicó la
readjudicación de
la Concesión
de Gestión de Servicios Públicos de
la
Terminal
de Caldera, que recayó en el “Consorcio Portuario Caldera II”.
Cuatro
años más tarde, después de fallidas presentaciones de contratos ante el órgano
contralor, se logró el ansiado refrendo de dos contratos, a saber:
- El 27 de marzo del 2006, el Contrato de Concesión de Gestión de
los Servicios Públicos de
la
Terminal
de Puerto Caldera.
-
El 07 de abril del 2006, el Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio
Público para
la
Construcción
y Operación de
la Terminal
Granelera.
La
comunicación oficial del refrendo de éste último, a los concesionarios, se
realizó el 19 de abril del 2006, con lo cual se inició el periodo de transición
de tres meses para cumplir con las condiciones precedentes, tanto por parte del
concesionario, como de la administración concedente.
Sin inversión privada se daría obligatoriamente un mayor deterioro de los
servicios portuarios, no se podría pagar una indemnización a los trabajadores,
no se ejecutarían las inversiones necesarias y como consecuencia, los usuarios
buscarían otros puertos.
Como
resultado de estas adjudicaciones, Caldera podrá contar con importantes
inversiones durante los próximos años, principalmente en infraestructura
portuaria y su equipamiento: Por
concepto de inversiones y mejoras hablamos de aproximadamente US$38.6 millones,
mientras que por derechos y otros, los adjudicatarios deberán pagar más de
US$17.2 millones , lo que totaliza más de US$55.0 millones, aproximadamente 28
mil millones de colones,
cifra que se escapa de toda posibilidad para el Estado Costarricense y en un
proceso que se ha llevado de una forma ejemplar, transparente y con una alta
retroalimentación a la comunidad de interesados.